Santo Domingo. – La Coordinadora Popular Nacional (CPN) se pronunció este jueves ante lo que califica cómo una de las más profundas injusticias sociales, humanas y jurídicas, que ha vivido la sociedad dominicana en su historia: la situación de cientos de miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana afectados por políticas estatales de desnacionalización, exclusión y negación de derechos fundamentales.
Durante gran parte de la historia constitucional dominicana, particularmente bajo el marco jurídico vigente entre 1929 y 2010, la nacionalidad dominicana fue reconocida principalmente bajo el principio de jus soli, mediante el cual toda persona nacida en territorio dominicano era reconocida como nacional, salvo excepciones muy limitadas.
Durante décadas, estas personas ejercieron plenamente su condición de nacionales, portando actas de nacimiento, cédulas, estudiando, trabajando y desarrollando su vida como parte integral de la nación dominicana, consolidando así derechos adquiridos y una relación jurídica plenamente reconocida por el propio Estado.
Sin embargo, esta realidad fue violentamente alterada con la Sentencia TC/168/13 del Tribunal Constitucional, emitida en septiembre de 2013, mediante la cual el Estado reinterpretó retroactivamente décadas de práctica constitucional y administrativa, despojando arbitrariamente de su nacionalidad a cientos de miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana nacidos entre 1929 y 2010, en abierta contradicción con principios esenciales del derecho como la seguridad jurídica, la irretroactividad de la ley, la confianza legítima y la protección de derechos adquiridos.
A pesar de la promulgación de la Ley 169-14 como supuesto mecanismo de solución, la realidad es que miles de personas continúan hoy atrapadas en un limbo jurídico, enfrentando innumerables obstáculos para recuperar o validar su documentación y ejercer plenamente su ciudadanía.
Como consecuencia de esta política de exclusión, miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana viven actualmente sometidas a condiciones de profunda vulnerabilidad y discriminación estructural. Muchos enfrentan la negación de su derecho a la educación, al no poder continuar estudios secundarios o universitarios por falta de documentación. Organismos internacionales han documentado obstáculos para continuar estudios básicos y universitarios.
Otros son privados de su derecho a la salud, encontrando barreras para acceder a servicios médicos y al sistema de seguridad social.
A muchos se les niega el derecho de declarar a sus hijos e hijas ante el Registro Civil, profundizando un ciclo intergeneracional de exclusión y riesgo de apatridia.
Asimismo, enfrentan restricciones a su libertad de tránsito, temor constante a desplazarse dentro de su propio país, y el riesgo permanente de ser detenidos arbitrariamente o expulsados injustamente en operativos migratorios, pese a haber nacido en la República Dominicana y no conocer a nadie en Haití.
La Corte Interamericana ha señalado patrones de expulsiones y prácticas discriminatorias contra personas haitianas y de ascendencia haitiana, incluyendo afectaciones al derecho a la libertad de circulación, nacionalidad y debido proceso.
Desde la Coordinadora Popular Nacional (CPN), afirmamos que esta situación constituye no solo una grave injusticia histórica, sino también una violación sistemática de derechos humanos fundamentales, sostenida por políticas discriminatorias que atentan contra la dignidad, la igualdad y la democracia.
La lucha de los dominicanos de ascendencia haitiana no constituye una demanda de privilegios ni de concesiones especiales: constituye una exigencia legítima de restitución de derechos históricamente reconocidos y posteriormente arrebatados por decisiones estatales injustas.
La defensa de sus derechos es una causa de justicia social, de respeto constitucional, de memoria histórica y de dignidad humana.
Por ello, la Coordinadora Popular Nacional (CPN) exige al Estado dominicano reparar esta deuda histórica, garantizar la restitución plena de la nacionalidad de todas las personas afectadas, cesar las prácticas de discriminación institucional, detener las expulsiones arbitrarias y asegurar el acceso pleno a todos los derechos civiles, sociales, económicos y políticos de esta población.
No puede haber democracia real mientras ciento de miles de personas dominicanas continúan siendo extranjerizadas, perseguidas y excluidas en la tierra donde nacieron.
