Toronto (Canadá) (EFE).- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó este jueves que el movimiento separatista de la provincia de Alberta debe respetar los derechos de los pueblos indígenas y cumplir las leyes canadienses, tras la decisión de una jueza de anular la iniciativa popular para convocar un referéndum independentista.
En una rueda de prensa en Ottawa, Carney, originario de Alberta, afirmó que «las reglas tienen que cumplirse y, por supuesto, los derechos y las libertades de los individuos y de los pueblos indígenas tienen que respetarse».
«Somos una democracia. Los referendos se pueden convocar si se cumplen las normas. En este contexto, el Gobierno tiene la responsabilidad de asegurar que el federalismo sea un sistema efectivo y que fortalezcamos a Alberta como parte de una Canadá fuerte», añadió el jefe de Gobierno canadiense.
Carney también recordó que cualquier referendo independentista que se celebre en el país tiene que ser «consistente» con la ley de la Claridad, que establece que es el Parlamento canadiense el que, en última instancia, decide si la pregunta es apropiada, así como si el resultado de la votación es suficiente para iniciar negociaciones constitucionales sobre una posible secesión.
Referéndum para el 19 de octubre
Las declaraciones de Carney se producen después de que la jefa de Gobierno de la provincia de Alberta, Danielle Smith, calificara de «antidemocrática» la decisión de un tribunal provincial de anular la petición ciudadana que ha recogido unas 300.000 firmas para iniciar el proceso de convocatoria a un referéndum independentista.
Smith, líder del Partido Conservador Unido, ha facilitado el avance de la iniciativa separatista, al rebajar el número de firmas exigidas para iniciar el proceso de un referéndum de más de 500.000 a 177.732, y declaró que estudiará ahora la respuesta de su Gobierno a la decisión judicial.
En la víspera, la jueza Shaina Leonard anuló la decisión del organismo público Elections Alberta de permitir que empezara el proceso para convocar un referéndum a iniciativa de un grupo separatista de la provincia canadiense, al considerar que las autoridades tenían que haber consultado con anterioridad a los pueblos indígenas de la provincia.
Varios grupos aborígenes de Alberta habían impugnado el proceso al indicar que un eventual referéndum de secesión afectaría sus derechos protegidos por tratados históricos con la corona británica. La decisión de Leonard señala que la hipotética secesión de Alberta afectaría esos tratados.
La decisión judicial no impide necesariamente la celebración de una consulta sobre la independencia, solo de un referéndum iniciado por esta iniciativa ciudadana.
El Gobierno de Alberta -que ha convocado un referéndum para el próximo 19 de octubre en el que pedirá a la ciudadanía su opinión sobre nueve cuestiones relacionadas con inmigración, seguridad electoral y la relación constitucional de la provincia con el Gobierno federal- podría incluir una pregunta sobre la secesión.
