Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) mantiene su rechazo a la propuesta de reforma fiscal del Gobierno, señalando una contradicción entre los objetivos de crecimiento y equidad anunciados y las medidas planteadas.
La organización advierte que elevar el Impuesto Sobre la Renta a los grandes contribuyentes del 27% al 30% frenará la inversión privada y la creación de empleos. Además, critica que no se hayan presentado estimaciones transparentes sobre el impacto real que tendrá este aumento combinado con los incentivos de depreciación acelerada.
Para el PLD, los aspectos positivos del proyecto, como la indexación del mínimo exento de renta y las deducciones educativas, quedan neutralizados por nuevas cargas que golpean directamente a la clase media y a los pequeños empresarios.
Específicamente, cuestionan el aumento de impuestos a las operaciones financieras, que desalienta la bancarización y la formalidad, así como el incremento del 50% en la tasa de salida del país (de US20 a US30), un servicio que hoy en día utiliza la clase media para fines laborales, educativos y familiares.
El partido opositor denuncia la falta de claridad sobre el destino de los nuevos fondos, sugiriendo que podrían absorberse casi por completo en subsidios a los combustibles, por lo que exige saber cuánto se invertirá realmente en obras públicas o reducción del déficit. Asimismo, el PLD califica de insuficientes las medidas contra la evasión fiscal —recordando que el incumplimiento del ITBIS alcanzó el 43.6% en 2025— y critica las frecuentes amnistías tributarias por premiar al evasor, así como las facultades discrecionales que vulneran la seguridad jurídica de las inversiones.
Finalmente, el PLD condena que se exijan sacrificios a la ciudadanía sin que el Gobierno demuestre una verdadera austeridad ni un control del gasto improductivo.
La organización exige explicar por qué el gasto corriente aumentó del 14.1% del PIB en 2019 al 16.5% en 2025, un incremento que supera los recursos que se pretenden recaudar. El partido concluye que el país no necesita simplemente cobrar más, sino administrar mejor, combatir la evasión con firmeza y mejorar la calidad del gasto público antes de cargar a los contribuyentes.
