Santo Domingo. – Lo que comenzó como una serie de denuncias periodísticas sobre el uso proselitista de recursos públicos ha resultado ser apenas la superficie de un problema estructural profundo. Un informe demoledor de 66 páginas, elaborado por la Contraloría General de la República, ha sacado a la luz un escenario de descontrol absoluto, irregularidades financieras y manejo clientelar de fondos en el Ministerio de la Juventud durante la gestión de Rafael De Jesús Féliz García. La auditoría, concluida el 1 de julio de 2025, examina el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de junio de 2024, identificando 33 hallazgos críticos que ponen en entredicho la transparencia y eficiencia de la institución.
Fondos fantasma y becas opacas
El informe revela una gestión financiera caracterizada por la ausencia de controles básicos. Durante el período auditado, la institución manejó RD$2,664,679,581. Sin embargo, la Contraloría determinó que no existen estados financieros que sustenten el uso de estos fondos entre 2021 y 2024. Aunque se ejecutaron RD2,267,637,341, el documento subraya que no hay rastro documental sobre el destino final de otros RD397,042,040.
A este desorden se suma la entrega discrecional de ayudas y becas.
Ayudas Directas: Se desembolsaron RD$71,787,500 sin políticas de evaluación, metodología de aprobación ni criterios de duración. Becas Politizadas: De RD$727,645,936 destinados a becas, gran parte fue entregada sin documentación mínima que justificara la elegibilidad de los beneficiarios. La auditoría confirma sospechas previas de que estos recursos favorecían al movimiento político “Jóvenes Unidos por el Cambio”.
Nóminas desaparecidas y “Botellas”
El área de recursos humanos mostró graves indicios de irregularidades, evidenciando un patrón de manejo discrecional de la nómina, la cual pasó de RD12 millones en 2012 a RD17 millones en 2023.
Precisamente en 2023, la institución reportó la desaparición de las nóminas del personal fijo, temporal y de seguridad. Además, de una muestra de 158 servidores públicos, 46 no pudieron ser localizados en sus puestos de trabajo, lo que apunta a la existencia de "botellas" y al uso irregular de RD$634,097,931 en salarios.
Compras fraccionadas y proveedores prohibidos
La Contraloría detectó una práctica sistemática de fraccionamiento de compras para evadir los controles de licitación pública, por ejemplo, el Grupo Belcam SRL, recibió cuatro contratos fraccionados por RD$579,830 para stands en ferias durante 2022. Por otro lado, Pink Iguana SRL, fue beneficiada con cuatro comparaciones de precios subidas el mismo día (25 de noviembre de 2022) por un total de RD$20,800,000.
Pero eso no es todo, en plena campaña electoral (enero-mayo 2023), se adjudicaron RD$5 millones en bonos de gasolina a Eco Petróleo Dominicana S.A., empresa vinculada al entonces diputado y hoy senador Moisés Ayala, violando las prohibiciones de la Ley de Compras y Contrataciones.
Un sistema sin control interno
El informe concluye que el Ministerio operaba al margen de la Ley No. 10-07 y las normas de control interno. Se reportó la desaparición de equipos tecnológicos valorados en RD$334,615, desorden en el manejo de deudas institucionales, facturas pagadas que figuraban como pendientes, y graves deficiencias en las conciliaciones bancarias de cinco cuentas que movieron RD$1,872,527.
Ante estos hallazgos, la Contraloría señala que no se trata de errores aislados, sino de un patrón sistemático de irregularidades que va más allá de la falta de experiencia administrativa. El Ministerio de la Juventud se encuentra ahora en la obligación de ofrecer réplicas a este exhaustivo informe.
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