Santo Domingo, DN. El Partido de la Liberación Dominicana expresa su profunda consternación por la muerte del joven Darlin Mercado Reyes, ocurrida durante un procedimiento policial en el sector Herrera. Extendemos nuestra solidaridad a sus familiares y seres queridos, junto a toda la comunidad, quienes hoy enfrentan un dolor que ninguna familia dominicana debería vivir.
Las imágenes que circulan públicamente muestran que dos jóvenes fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional para la verificación de los documentos de una motocicleta.
En el video se observa que el conductor reconoce que no tenía toda la documentación en regla e, incluso, manifiesta que los agentes podían retener la motocicleta conforme al procedimiento correspondiente. Sin embargo, la situación escala a un forcejeo y, en medio de ese incidente, el acompañante —quien interviene para separar a las partes— recibe un disparo que posteriormente le provoca la muerte.
Estos hechos exigen una investigación independiente y transparente, y el establecimiento de todas las responsabilidades que correspondan conforme a la ley. En un Estado de derecho, los procedimientos policiales existen precisamente para evitar el uso desproporcionado de la fuerza.
La Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16 establece los principios que rigen la actuación de los agentes: legalidad, necesidad y proporcionalidad. Ante una infracción administrativa, como la falta de documentos de un vehículo, la respuesta debe ser la aplicación del procedimiento establecido por la ley; nunca una actuación que termine con la pérdida de una vida humana.
La misión de la Policía Nacional es proteger a los ciudadanos, preservar el orden público y hacer cumplir la ley dentro de los límites que la propia ley establece.
Este no es un hecho aislado
En septiembre de 2025, el PLD advirtió públicamente sobre el patrón creciente de muertes por intervención policial: solo en el primer semestre de aquel año, el seguimiento periodístico registró 82 casos de muertes en presuntos intercambios de disparos.
Propusimos entonces medidas concretas: investigaciones independientes bajo el Protocolo de Minnesota, uso obligatorio de cámaras corporales, publicación del parte técnico de cada caso en 72 horas, un tablero público mensual de uso de la fuerza y el fortalecimiento de Asuntos Internos con independencia operacional. 10 meses después, el país sigue lamentando tragedias que pudieron y debieron evitarse. Y de acuerdo a medios de comunicación, al día de hoy van 147 muertes a manos de la policía
¡Basta ya de los abusos policiales! Basta ya de actuaciones que deterioran la confianza de la ciudadanía y empañan el trabajo de los miles de agentes que cumplen su deber con honor y profesionalismo.
La sociedad dominicana merece una institución policial moderna, respetuosa de los derechos humanos y preparada para manejar situaciones de tensión con criterio, prudencia y estricto apego a los protocolos.
Entre 2024 y 2025, el Estado dominicano destinó RD$8,389 millones a la reforma policial.
La ciudadanía tiene derecho a preguntarse qué resultados ha producido esa inversión. No podemos seguir llamando reforma policial a un proceso que, en la práctica, ha priorizado la adquisición de equipos, uniformes y cambios administrativos, mientras deja en un segundo plano la selección correcta de los agentes, la formación humana y profesional de los miembros de las entidades de orden público.
La verdadera reforma debe comenzar por la capacitación permanente en el manejo de crisis, el control emocional y la salud mental, la mediación de conflictos y el uso proporcional de la fuerza, junto a la ruptura de la estructura existente comprometida con los viejos métodos de represión. Un policía que no sabe controlar una situación de tensión representa un peligro para la ciudadanía y también para la credibilidad de la propia institución.
En 2020 se prometió al país que la reforma policial reduciría la delincuencia en un 50% en dos años. Pero las reformas no se miden por los discursos ni por los anuncios: se miden por lo que ocurre todos los días en las calles, por la conducta del último policía que viste un uniforme. Porque cuando un ciudadano se encuentra con un policía, no se encuentra con una reforma: se encuentra con el Estado. Y el Estado tiene la obligación de protegerlo, no de poner en riesgo su vida.
Cuando los hechos evidencian que una política publica no está funcionando como debería, alguien tiene que responder políticamente por ello. No porque sea culpable penalmente. Sino porque esa es, precisamente, la esencia del servicio público.
Asumir no solo los éxitos de la institución, sino también sus fracasos. Las grandes democracias han entendido desde hace décadas que la responsabilidad política no debilita las instituciones.
Las fortalece. Porque envía un mensaje muy claro.Que el poder público no solo exige responsabilidades. También las asume.
Por ello, en el PLD exige:
- Que este caso sea esclarecido hasta sus últimas consecuencias, mediante una investigación penal independiente y transparente, y que se identifiquen y sancionen las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.
- La suspensión inmediata de los agentes involucrados mientras duren las investigaciones y la preservación íntegra de todas las evidencias, incluidas las grabaciones disponibles.
- Que este lamentable hecho marque un punto de inflexión para impulsar una reforma policial verdadera, centrada en la formación humana y profesional de los agentes y no solo en salarios, equipos y estructuras.
- La implementación de las medidas que propusimos desde septiembre de 2025:
- cámaras corporales obligatorias, parte técnico público en 72 horas, tablero mensual de uso de la fuerza con datos abiertos y auditoría externa.
LA VIDA, ESTÁ POR ENCIMA DE TODO
Ningún dominicano ni dominicana debe perder la vida durante un procedimiento que pudo y debió resolverse aplicando los protocolos y métodos correctos. La seguridad ciudadana no se fortalece con más armas ni únicamente con mejores salarios: se fortalece con policías mejor preparados, con instituciones transparentes, con supervisión efectiva y con un compromiso inquebrantable con la vida, la dignidad y los derechos de todos los ciudadanos.
La autoridad de un policía no se mide por su capacidad de disparar un arma; se mide por su capacidad de resolver un conflicto sin tener que usarla. Mientras no entendamos eso, seguiremos lamentando tragedias que pudieron evitarse.
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